“Entre la mafia y la justicia se dan la mano”, dice el hermano de la “Kika”, quien fue condenado a 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos por la explosión del HK 1803. Aunque en Colombia el “Arete” se autoincriminó en el caso, su testimonio fue despreciado por las cortes norteamericanas. Si hubo una bomba, ¿al fin cuál de los dos la puso?

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César Gaviria no apareció en ninguna lista de personas con pasajes. Mas aún, no tenía motivos para viajar esa mañana a Cali. Cuatro días antes había visitado la ciudad azucarera.

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Desde ese momento, muchos familiares de las víctimas creen que el ahora expresidente Gaviria tiene parte de la culpa por no advertir las sospechas de una bomba a bordo del vuelo 203. “Él pudo salvar a 107 personas”, reclama Eduardo Pizarro, padre del copiloto del vuelo.

El testimonio de el Arete tiene un lado flaco. Empezando porque ninguna de las pruebas practicadas por el FBI y los laboratorios de la Dijín en Colombia resultó positiva para dinamita. Además, César Gaviria no apareció en ninguna lista de personas con pasajes para ese vuelo. Más aún, no tenía motivos para viajar esa mañana a Cali. Cuatro días antes, el 23 de noviembre de 1989, había visitado la ciudad azucarera, donde presidió un foro universitario en horas de la mañana y en la tarde fue a la plazoleta del Centro Administrativo Municipal a un acto político. En su apremiante carrera por la precandidatura a la Presidencia por el Partido Liberal, que disputaba con Hernando Durán Dussán, Ernesto Samper Pizano y Alberto Santofimio, entre otros, era poco probable que su itinerario incluyera dos viajes en la misma semana a la misma ciudad. Años después, el mismo Gaviria, en declaración ante la Fiscalía, explicó que ni siquiera viajaba en vuelos comerciales. Era cuestión de seguridad.

¿Qué sentido tenía incriminarse en un delito tan grave que destruyó la vida de 107 personas? El paso de los años parece darles la razón a quienes criticaron la estrategia legal del Arete y otros narcotraficantes que se acogieron a los beneficios que les ofreció la justicia.

Una de las primeras decisiones de César Gaviria al convertirse en presidente fue firmar el decreto 2047 de 1990, en el que trazó una política de sometimiento a la justicia para los narcotraficantes. A cambio de entregar armas, laboratorios, parar la guerra y confesar sus crímenes, se salvaban de la extradición y recibían una jugosa rebaja de penas. Como ese decreto no sació a los narcos, Gaviria decidió ser más blando y firmó el decreto 3030, que permitía acumular penas y saldar las cuentas con la justicia en una sola sentencia. Luego, con un tercer decreto, el 303 de 1991, terminó de abrir la puerta de la justicia a los narcos con el objetivo de parar la violencia desmedida que asolaba al país.

Confunde y reinarás

El 24 de diciembre de 1989, unas semanas después de la explosión del avión de Avianca, cuatro cadáveres con las cabezas vendadas y los pies y manos atados con sogas aparecieron a pocos metros de las canchas del Club los Millonarios, en el norte de Bogotá. “Por matar inocentes en el HK”, escribieron los asesinos en un cartel junto a los cadáveres. La mafia parecía más rápida que las autoridades en la investigación paralela del atentado. Los muertos fueron José Héctor Laverde, Eladio Flores Laverde y los esposos Magda Esperanza Garzón y José Guillermo Laverde.

Según la prensa de la época, los tres hombres eran hermanos de Jesús Humberto Laverde Muñoz, un hombre cercano a grupos de autodefensas. Jesús Laverde fue tan sólo uno de los nombres que a lo largo de 27 años se asociaron al caso del avión, pero jamás se demostró que estuviera involucrado. Sus hermanos muertos serían los elegidos en un plan macabro para consolar a las familias de las víctimas, apaciguar a la opinión pública o la excusa perfecta para un ajuste de cuentas de la mafia.

En el expediente del caso Avianca figuró desde el principio Pablo Escobar Gaviria. El Patrón, sin embargo, jamás admitió su autoría. En junio de 1991, al someterse a la justicia, negó su participación en el atentado. Declaró que una de sus mayores sorpresas de los últimos tiempos la constituyó una noticia aparecida en los diarios de la mañana que lo acusaba de haber participado en la planeación del asesinato de Luis Carlos Galán y del atentado contra el avión de Avianca.

Al norte de Los Ángeles

Emilio Muñoz Mosquera, hermano de la Kika, reside a dos horas al norte de Los Ángeles, en el poblado de Bakersfield. Es  moreno con nariz y cuerpo de boxeador. Vive junto a su esposa, una de sus hijas y sus nietos, en una amplia casa de dos pisos con un antejardín bien podado y un patio trasero con una piscina vacía. Es un barrio de clase media alta que no está al alcance de sus ingresos, pero sus dueños le ofrecieron que se quedara a cambio de cuidarla. “Dejar el motor de la piscina prendido subiría demasiado la cuenta de la luz”, comenta. Es un lujo que no se puede dar.

Emilio es el tercer hijo de los quince que tuvieron Fernando Antonio Muñoz y su esposa Lilia Mosquera. Brancy, alias Tyson, fue el quinto. Dandenis, la Kika, fue el décimo. La numerosa familia vivió en el barrio Castilla, en las comunas de Medellín, el mismo donde se crió el arquero de fútbol René Higuita. Fernando, el papá, era policía de tránsito. Lilia, la madre, voluntaria de trabajo social en la cárcel Bellavista. Todos fervorosos miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostal.

Cuando terminó el colegio, Emilio entró a la Fuerza Aérea. Como técnico subjefe, su tarea en la base de Catam consistió en tramitar la compra de repuestos para aviones. Se casó joven y tuvo mellizas. Un día, cuando la Kika se acercaba a los 18 años, lo llamó asustada su mamá: “Este muchacho está en malos pasos y le gustan mucho las motos”. Años atrás, el mismo Emilio fue quien lo apodó la Kika. El temible sobrenombre surgió porque antes de dormir, su mamá les daba a todos un vaso de leche caliente. Una de esas noches, Dandenis murmuró: “Mami, la leche de los kikitos”. Cuando Dandenis creció, el sobrenombre mutó a la Kika. Así se referían a una tía de apariencia fea y lo usaban para burlarse de él cuando querían irritarlo.

Ante sus malos pasos, la familia decidió que lo mejor era inscribirlo en el Ejército para que enderezara el camino. En esa época, su hermano Tyson, que comenzó vendiendo verduras en la plaza de mercado de Medellín y estuvo preso un tiempo por un altercado, se había involucrado con los paramilitares. El ingreso de la Kika al ejército terminó siendo una mala idea. Meses más tarde “se hizo muy amigo del cabo Jaime Mateus Moya, un hombre que después sería parte de bandas de sicarios y grupos paramilitares y murió con un letrero pegado al cuerpo que decía: ‘Por bravo’. Empezaron a hacer vueltas”, cuenta Emilio.

Aprovechaban el uniforme militar y sus armas para detener personas, pedir dinero y robar. La Kika era indomable. Primero lo atrapó la Policía Militar, pero se escapó de una guarnición. Luego, junto a una banda de delincuentes, asaltó un banco en el municipio de Granada (Antioquia). Terminó en la cárcel de Bellavista, de donde logró escapar junto a su hermano Tyson. Más adelante cayó preso en La Modelo de Bogotá, de donde también se fugó.

Un día de 1991, un grupo de policías irrumpió en la casa de Emilio Muñoz en Bogotá. Lo acusaron de ocultar más de 1.200 kilos de dinamita. Esposado, lo llevaron hasta un lote donde ya estaba montada una escena con cajas de dinamita. Le tomaron fotos y al día siguiente lo destituyeron de la Fuerza Aérea. “No me dejaron decir ni mu”, recuerda. La policía quería que delatara a su hermano Tyson, que les dijera dónde se escondía. Emilio pasó los siguientes cuatro años en La Modelo de Bogotá. En el pabellón de máxima seguridad conoció a la crema y nata de la delincuencia colombiana. A Iván Urdinola, del cartel del norte del Valle; a varios políticos del proceso 8.000, a Popeye y a narcos como Jairo Correa.

En 1994, un abogado le sugirió declararse culpable y aceptar cargos. Sin embargo, un juez sin rostro –jueces que dictaban sus sentencias escondidos tras vidrios opacos y sin identificarse, para no ser asesinados– lo dejó libre por falta de pruebas. Al salir de la cárcel, sin trabajo y con una familia que mantener, aceptó administrar El Toboso, un billar en el centro de Bogotá donde jugaban expolicías, militares y narcotraficantes. Pertenecía a Juan Diego Arcila Henao, alias el Tomate, un narcotraficante que conoció en prisión. La historia que cuenta Emilio  es una tragicomedia que refleja cómo operaban la mafia, los servicios de inteligencia y la justicia.

El Tomate y sus aliados decidieron un día que era “hora de tirar al piso al Faisán”, su principal enemigo en el narcotráfico. Pero algún malentendido ocurrió en los órganos de inteligencia del Estado y, como en el juego del teléfono roto, el mensaje se confundió. Las autoridades pensaron que querían matar no al Faisán, sino al fiscal Alfonso Valdivieso. Una vez más, Emilio apareció en las noticias como miembro de un grupo que fraguaba un plan terrorista. Así pasó dos años más en la cárcel, hasta que lo dejaron en libertad por falta de pruebas. En diciembre de 2013, el Consejo de Estado le dio la razón en una demanda que interpuso contra la Nación. La Fiscalía debe indemnizarlo con noventa salarios mínimos, un poco más de $50 millones, por los perjuicios que le causó la falsa acusación.