La casa de Jacinto* está a punto de convertirse en una de las más lujosas del pueblo. No tiene pisos ni pañete, pero es de bloque, y eso ya es lujo en un lugar en el que la mayoría se construyen con madera. Pero Jacinto también tiene otra de ese material, aunque no es en el pueblo y tampoco tiene vías cercanas. Cuando quiere visitarla, debe caminar casi una hora por tramos en los que, incluso en verano, la mitad de sus botas de caucho se entierra entre el barro. La casa de bloque de Jacinto tiene una planta de jazmín al frente. La de madera no  tiene una, sino cientos de plantas. Y no son de jazmín, sino de coca.

La casa de madera de Jacinto está en medio de un cultivo que no le pertenece, pero le da el sustento a él, a su familia y a algunos vecinos. “Es que los que no arrancaron la coca son los que nos están dando de comer”, dice mientras pasa sus manos por un bigote frondoso en el que ya comienzan a aparecer canas.

Jacinto es uno de los 547 cultivadores de coca que se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en San José del Fragua, el municipio con más hectáreas de siembras ilegales en el departamento de Caquetá, según las cifras más recientes del sistema de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El programa es la punta de lanza para acabar con estos cultivos en el país de forma concertada con las comunidades.  A grandes rasgos, busca que campesinos como Jacinto arranquen sus matas de coca o marihuana y emprendan un proyecto productivo legal. Y forma parte de uno de los puntos del Acuerdo de terminación del conflicto firmado entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016.

Para convencer a los cultivadores que durante décadas han subsistido de esas siembras, el Gobierno de Juan Manuel Santos armó un plan de beneficios de cinco etapas que, en dos años y medio, iba a entregarles 36 millones de pesos a cada familia que aceptara (una parte en efectivo, otra en asistencia técnica y otra en insumos para sus proyectos).

“Uno como campesino es consciente de que con la coca se hace un daño y, viendo que nos plantearon algo bueno para hacer las cosas bien, muchos cocaleros decidimos entrar a ese programa y sustituir”, dice Orlando, un paisano de Jacinto.

Eso debieron pensar varias de las 99.097 familias que se vincularon al PNIS  en  56 municipios de 14 departamentos de Colombia entre 2017 y 2018. La coca, en regiones como el piedemonte caqueteño, ha resistido tanto que ni las aspersiones con glifosato ni los operativos de la fuerza pública pudieron acabarla, pero el programa de sustitución lo estaba logrando.

De hecho, respecto a otras estrategias de sustitución , parecía tener éxito. En julio de 2018, Eduardo Díaz Uribe, director del programa en ese entonces, sacó a la luz una cifra alentadora: mientras que la iniciativa Familias Guardabosques “erradicó 6.000 hectáreas en ocho años”, el PNIS logró que se “arrancaran 24.000 hectáreas de hoja de coca, certificadas por Naciones Unidas”, en 13 meses.

Otra cifra optimista es la del compromiso por parte de los cultivadores. De acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, la tasa de resiembra de estrategias de erradicación forzada está entre el 50 y 67 por ciento, mientras que sólo el 0,2 por ciento de quienes se inscribieron al programa de sustitución voluntaria había vuelto a sembrar, para agosto de 2020, según la cifra más reciente de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
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Pero en San José del Fragua y decenas de municipios en el país hay una situación que complica la ecuación. Pese al alto cumplimiento por parte de los campesinos cultivadores, “las promesas del gobierno nunca dejaron de ser eso: promesas”, dicen ellos.

Tal vez por eso, 10.001 familias incumplieron los compromisos y fueron retiradas del programa. Y aunque los restantes deberían tener un proyecto productivo sobre ruedas, solo el 0,8 por ciento lo había logrado en marzo de 2020: 726 de casi 90.000. Para diciembre, la cifra se elevó al 6,2 por ciento: 5.516 familias estaban, por lo menos, iniciando su emprendimiento. El resto arrancaron sus matas, pero siguen esperando.

A Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, no le gustan las respuestas cortas. Él es el encargado de coordinar la implementación del Acuerdo de paz y, cuando se le pregunta por el aparente bajo cumplimiento del PNIS, pone sobre la mesa varios puntos:  el programa fue formulado en el gobierno anterior, prometió un período de ejecución muy corto y, además, no tenía recursos.

“El programa estaba mal diseñado porque partió de la promesa de que se podía ejecutar en dos años, algo imposible de cumplir. Si usted hace el cálculo completo, lo mínimo que se toma son 30 meses”, dice.

Pero, además del tiempo, desde su nacimiento la estrategia tuvo que enfrentar otra gran barrera: la desfinanciación. “El costo total del PNIS para las 99.097 familias inicialmente vinculadas supera los recursos que han sido asignados para su implementación”, indicaron funcionarios del programa.

La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos añadió que entre 2018 y 2020, los recursos solicitados al Ministerio de Hacienda fueron más de 3,6 billones de pesos ($456.153 millones en 2018; $1.9 billones para 2019; y $1.3 billones para 2020). Pero, a pesar de la gestión, tuvo una asignación presupuestal de $1,3 billones entre junio del 2017 y julio del 2020, “lo cual supone un déficit de $2,3 billones y la imposibilidad de ejecutar de manera satisfactoria la planeación del PNIS”.  

Al respecto, Archila explicó que “cumplir a estas familias cuesta más de 3,5 billones de pesos; eso es siete veces el presupuesto anual del invías para las carreteras terciarias del país. Cuando terminó el anterior periodo presidencial, habían invertido 500.000 millones de pesos en el programa, y el resto no existía”.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual encabezó la estrategia de sustitución, al PNIS  le fue otorgado apenas el 14,6 por ciento del dinero que necesitaba para su desarrollo.

Para 2019, con Iván Duque como presidente de Colombia, se proyectó en 1,6 billones lo que costaría atender a quienes decidieron vincularse al PNIS, pero “muy a pesar de las gestiones” -indicaron fuentes del Programa- el Ministerio de Hacienda le giró solo 300.000 millones, es decir, el 19 por ciento.

De ahí que, para diciembre de 2020, casi 7.400 familias de cultivadores no hubieran recibido nada, ni siquiera uno de los pagos contemplados en la primera de las cinco etapas de la ruta de intervención del PNIS.

Esos incumplimientos, sumados a la presión de grupos armados ilegales que han llegado al territorio, han llevado a que muchos excultivadores estén volviendo a sembrar ilícitos.

«Es que el riesgo con la coca es que vuelva a llegar la guerrilla o los paramilitares, acá ellos eran los que controlaban todo», dicen en San José.

No hay familia que no sepa lo que es vivir bajo el yugo de esos grupos: la violencia en este pueblo ha obligado a más de 18.000 fragüenses a desplazarse a la fuerza.

Un cultivo difícil de abandonar

Vivir entre la espada y la pared pareciera ser la condena de las comunidades cocaleras. Cuando abunda la mata, la violencia surge por su control; cuando se intenta erradicar, emerge para evitarlo. Preguntar por el miedo a quienes encabezan ese proceso sobra: en Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta febrero de 2021, asesinaron al menos a 130 líderes de sustitución, cultivadores inscritos al PNIS y opositores a la erradicación forzada, según el registro de la Corporación Viso Mutop. La cifra de los que han sido amenazados se cuenta por centenas.

Sin camisa, en un rancho de tablas con apenas una ventanita en la fachada, está uno de ellos. “Quién no se va a sentir en peligro por estar metido en ese proceso. Pero son riesgos que hay que asumir”, dice Edusmildo Ríos.

Tiene la voz aguda, el cuerpo menudo y un montón de informes, actas, estudios y hojas sueltas sobre la mesa. Edusmildo forma parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), y se sabe cada punto del acuerdo que el gobierno colombiano firmó con las Farc. Pero, en especial, el cuarto: la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, que tiene como primer numeral la creación del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Edusmildo cuenta que nunca ha sembrado coca, pero desde los años 90, cuando empezaron las marchas cocaleras en oposición a la fumigación aérea con glifosato, ha acompañado a los cultivadores.

“La gente no entiende que no se trata solo del cultivador, sino que la coca es el primer renglón económico de esta región. De eso se beneficia el transportador, el dueño del bar, el deportista, el comerciante, el proveedor de insumos, el dueño de la bomba de gasolina, las señoras cocineras… todo el mundo”, dice Ríos.

Esa relación de la coca con quienes no la cultivan ni la raspan ni la procesan la descubrió en los días de mercado, cuando sacaba a vender sus plátanos, mazorcas y panela: “Si había venta de coca, a mí me iba bien porque la gente tenía plata para comprarme mi cosecha. Si se nos daba por organizar un campeonato de fútbol, los raspachines venían y tenían con qué pagar la inscripción”.

Pero, aunque las rentas de la mata den el chance de dinamizar la economía de pueblos como San José, las ganancias para cultivadores y raspachines no tienen nada que ver con las de los narcotraficantes.

María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, explica que “los cultivadores no son el eslabón de la cadena que le está sacando provecho al negocio. Sin embargo, aunque no se están enriqueciendo, la coca sí les permite tener unos ingresos adicionales que no se logran con otros productos, con los que apenas se cubre la inversión pero no hay excedentes significativos. Por eso es difícil dejar la economía cocalera. La gente no solo se interesa por satisfacer su soberanía o seguridad alimentaria, sino por recibir unos ingresos adicionales”.

Mientras que a un cultivador le pagan entre $1’800.000 y $2’400.000 por cada kilogramo de pasta base de coca, en una ciudad como Bogotá esa misma cantidad, después de un proceso para convertir la base en cocaína, se vende por entre ocho y 12 millones de pesos. Y el abismo del precio incrementa aún más cuando se logra exportar a países europeos, a donde va a parar el 60 por ciento de la droga producida en Colombia. En las calles de Francia, por ejemplo, según estimaciones de la Policía Antinarcóticos, ese kilogramo de cocaína puede costar unos 60.000 euros (más de 250 millones de pesos).

Esas ganancias, cuando se multiplican no por kilogramos sino por las decenas de toneladas que mueven los carteles alrededor del mundo, dejan entrever la cantidad de dinero que los líderes del negocio no quieren dejar de recibir. Según estimaciones de la Comisión Global de Política de Drogas, el valor de este mercado ilegal está entre los 426.000 y los 652.000 millones de dólares.

De acuerdo con Diego Restrepo, coordinador de la línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), una de las grandes críticas que se le hace al PNIS es que “el programa no tiene en cuenta que hay unas lógicas muy complejas de carácter internacional que promueven el consumo, y que incentivan también estructuras criminales cuando no hay una respuesta integral del Estado”.

Mafia e incumplimientos: los contrincantes de la sustitución

Antonio*, un funcionario que ha seguido de cerca la implementación del programa en San José del Fragua, se sabe casi de memoria el nombre, ubicación y necesidades de cada una de las 68 veredas del municipio y, con ese mismo detalle, conoce el problema de cultivos ilícitos por el que atraviesa esta tierra.

En 2015, recorrió el municipio en compañía de Eduardo Díaz Uribe para socializar el PNIS en mesas de trabajo con productores y recolectores de hoja de coca.

Pero los incentivos del gobierno para arrancar la mata tenían que competir con una industria acaudalada a la que no le interesa que ese cultivo desaparezca: la mafia.

En San José “hubo una preinscripción de más de 2.000 familias al PNIS. El gramo de coca, en ese entonces, estaba a $1.500, pero cuando los narcotraficantes se dieron cuenta de que eso era un programa a nivel nacional y que iban a erradicar su negocio, subieron el precio del gramo, lo pusieron a $2.200. Después de eso, de las 2.000 familias que se preinscribieron, muchas se echaron para atrás y solo se inscribieron 900”, cuenta Antonio.

A la explicación de esas cuentas el líder de sustitución Edusmildo Ríos le suma otro factor: la ausencia de compradores a raíz de la salida de las Farc del territorio.

“Cuando hicieron la preinscripción había mucha coca represada. Como quien les garantizaba seguridad a los compradores era la guerrilla (y ya habían salido a las zonas de concentración por el Acuerdo de Paz), los compradores decían: ‘No, yo no me puedo meter por una trocha con 500 o 1.000 millones de pesos’”.

Edusmildo agrega que “había gente que tenía tres o cuatro cortes de pasta base acumulados, y no había plata para el raspachin ni para nadie, entonces la gente ahí sí se animó y se preinscribieron 2.270 familias. Pero entre ese proceso y la inscripción real pasó casi un año, la gente vio incumplimientos del PNIS en municipios con planes piloto. Además, los compradores se las arreglaron para volver al territorio y le subieron mucho al precio por gramo”.

Al final, solo se vincularon 547 familias de cultivadores. Sumando los raspachines, el número de beneficiarios llegó a 702 en San José del Fragua. Y las cifras de enero del 2021 muestran un aumento de nueve cultivadores.

La diferencia en cuanto al cumplimiento para unos y otros es significativa. Los  36 millones de pesos que les prometieron a los cultivadores se repartían así: 12 en efectivo (en seis pagos bimestrales de 2 millones) para el sostenimiento de los beneficiarios, y otros 24 millones en insumos agropecuarios, asistencia técnica y materiales para impulsar proyectos productivos a corto y largo plazo.

Una de las  familias inscritas es la de Pablo* y Carmenza*, una pareja de esposos cincuentones que viven cerca de la casa de bloque de Jacinto. Ellos se vincularon al PNIS a principios del 2018, por lo que, en septiembre de 2019 cuando hablaron por primera vez para esta investigación, ya debían haber recibido los seis pagos para su sostenimiento, un proyecto de seguridad alimentaria de huerta casera y, al menos, los insumos agropecuarios para su proyecto productivo de corto plazo.

De eso, solo recibieron tres pagos, pero no cada dos meses, como está establecido. Entre el segundo y el tercer desembolso tuvieron que esperar siete meses. Siete.

El caserío de Pablo y Carmenza está bordeado por un río que ha sido el obstáculo natural para las carreteras. Tiene, en ese punto, casi 38 metros de ancho, que se atraviesan gracias a un puentecito colgante desvencijado, por el que cruza un hombre con una escopeta hechiza y una lona colgando de su hombro.

“Debió cazar algún animal”, dice Jacinto mientras camina hacia su casa de madera para visitar el cultivo de coca. Luego de casi media hora cruzando una llanura en la que se ven varias cabezas de ganado cebú de tramo en tramo, se aparece una cabaña pintada de rosado que resalta a lo lejos.

Allí viven Efraín*, Martha* y su hijo. Martha vivía en otra vereda, pero cuando la guerrilla mató a su padre tuvo que desplazarse. Por acá no hay carreteras. La única vía es un río que, a pocos kilómetros de allí, desemboca en el caudaloso Caquetá. En invierno se crece y les inunda la cocina y el jardín. En septiembre de 2019, ellos, a diferencia de Pablo y Carmenza, ya habían recibido los seis pagos, pero de proyectos productivos no habían visto nada.

Martha vivía con el temor constante de que en invierno se desbordara el río, porque le inundaría, además de la cocina y el jardín, un corral de gallinas que construyó para su proyecto productivo con sus propios recursos, “a ver si así se agilizaba el proceso con el PNIS”.

El río no se desbordó. Pero pasaron 14 largos meses antes de que le entregaran las aves. “Y venían todas apestadas”, dice. En menos de tres meses, para enero del 2021, “casi todas se murieron”.

Para Eduardo Díaz Uribe,el primer director del PNIS y quien trabajó con la administración de Juan Manuel Santos, en el Gobierno de Duque “hay un total desconocimiento de la realidad de los cultivadores. Con el Acuerdo de Paz, los campesinos tomaron la decisión nada fácil de cambiar una economía que ha sostenido a sus familias y comunidades durante dos o tres generaciones, para creerle a un Estado que siempre les ha incumplido y apostarle a algo nuevo. Por eso no se les puede seguir fallando”, sostiene.

Del otro lado, el actual consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, asegura que “el presidente Duque ha sido claro, ha dicho que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que se requieran para cumplirle a esas 100.000 familias (que suman alrededor de 400.000 colombianos)”.

Con base en ese número de beneficiarios, Archila se compara con el alcalde de una ciudad intermedia y explica que, tras el PNIS, el panorama queda como si esas 100.000 familias inscritas tuvieran que comenzar de ceros: “El tiempo que se demora usted en ir a los lotes, identificar lo que se necesita, contratarlo, darles la huerta casera, un proyecto productivo y que eso produzca algo, no se demora menos de tres años”.

Por eso, el consejero asegura: “Quienes dicen que vamos muy lentos, son o ignorantes de cómo se trabaja en el campo o están haciendo un argumento político”.

Pero para campesinos como Pablo, Carmenza, Efraín y Martha, que han visto cómo las semanas se convierten en meses y los meses en años mientras esperan que les cumplan, esa respuesta no es suficiente. Ellos concuerdan en dos cosas: ya no creen que el gobierno les cumpla, pero no quieren volver a cultivar coca. Aunque tampoco lo descartan: “Uno intenta buscar otras formas, pero acá siempre se ha vivido de la coca, y uno no puede poner a la familia a aguantar hambre”, comenta Pablo.

Y si la situación de quienes se inscribieron al programa como cultivadores es difícil, la de los los raspachines –jornaleros de los cultivos ilegales–, parece incluso más desalentadora. El compromiso era que, a cambio de detener su labor,  serían contratados por un millón de pesos al mes  para trabajar en tareas comunitarias como reparación de vías y escuelas.

De raspachines, pasarían a ser gestores comunitarios, y el SENA les daría capacitaciones en panadería, mecánica y construcción. Pero con los 154 recolectores de San José del Fragua el incumplimiento ha sido absoluto: ninguno ha recibido empleo y, por tanto, tampoco pago.

Frente a  eso, el PNIS explicó en marzo de 2020 que en ese momento no se estaban atendiendo “debido a la no asignación suficiente de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de manera consecutiva en los cerca de dos años del Gobierno del presidente Duque”. Para el 2021, la situación no ha cambiado: el programa sigue realizando “la gestión correspondiente a la consecución de los recursos con el fin de atender a los recolectores”.

A nivel nacional el panorama tampoco es alentador. Según cifras del PNIS, solo el 33,8 por ciento de los raspachines inscritos se están beneficiando del plan de atención para este grupo, que es la base de la pirámide de producción de coca. Pero los demás 11.154 recolectores no han recibido nada.

De hecho, Díaz Uribe dice que esta es una de las partes del programa con mayores dificultades.  “Por un lado, porque todo el mundo se puede declarar raspachín. No es tan fácil identificarlos como a un cultivador con su cultivo. Por otro, porque los recolectores no permanecen fijos en un solo territorio”, explica.

Pero la dificultad más grande era definir la labor por la cual se pagaría. Para ello, había que estructurar un proyecto de manera colectiva con otras entidades: “por ejemplo, si era un proyecto de reforestación, el PNIS pagaba por el trabajo de siembra, pero no por los arbolitos. Por eso era necesario construir la alianza con las autoridades locales o alguien que proveyera lo demás necesario para que esa actividad se pudiera realizar y eso lo hacía más lento”.

Saúl*, un raspachín que llegó desde el Tolima hace un par de décadas,dice que no entiende cómo sus patrones se vincularon al programa de sustitución: “Es que las cuentas no dan. Esos 36 millones, que dicen que entregan, uno los produce mucho más rápido con un ‘siembro’ de coca”.

* Los nombres fueron modificados por solicitud expresa de las fuentes para proteger su seguridad.