El caserío de Jacinto, en jurisdicción del municipio de San José del Fragua, es uno de los últimos que atraviesa la carretera Marginal de la Selva a su paso por el departamento de Caquetá. Luego se adentra al sur del Cauca para pasar a Putumayo y, de ahí, a Lago Agrio, ya en territorio ecuatoriano.
La vía, que en este tramo no es más que una trocha amplia y llena de huecos, se ideó hacia 1963 como una imponente carretera para conectar las regiones amazónicas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Durante décadas, fue la ruta de escape para miles de campesinos que huían de los ataques de los grupos armados. Pero, además, la carretera Marginal de la Selva ha servido como ruta de la coca.
Justo por ese camino entraron las primeras semillas, originarias de Perú y Bolivia, a mediados de los años 80. Y, luego, cuando la producción de pasta base tomó fuerza, se convirtió en la vía por la que los narcotraficantes comenzaron a mover la droga hacia la frontera con Ecuador o hacia los puertos de Buenaventura y Tumaco.
Pero la geografía no fue el único aliado de la coca en San José del Fragua. Antonio, un funcionario que conoce de cerca la problemática de los cultivos ilícitos, explica cada detalle como si estuviera dando una clase. Para él, “hay una suma de factores que permitieron que la coca se convirtiera en un modelo de desarrollo rural”.
Para iniciar, no hacía falta un crédito bancario. “Si un campesino quería unirse al negocio, bastaba con conseguir la plata para comprar la semilla y sembrarla. El cemento, la gasolina, la soda, la cal, el ácido sulfúrico y todo el resto los financiaba el narcotraficante”, dice Antonio.
No hacía falta tampoco adaptar la mata. “Al pertenecer a la familia de las ‘eritroxiláceas’, originarias de la zona andina, la coca estaba perfectamente acostumbrada a las condiciones de clima y suelo de este territorio”.
Además, tiene un valor agregado: se siembra la hoja para producir la pasta base. “En la mayoría de los otros cultivos no pasa eso. La gente solamente cultiva y vende directamente, no hay transformación de la materia prima, y, por lo tanto, no hay valor agregado”, explica Antonio.
A todo eso se le suman las facilidades para transportarla. “No es lo mismo mover una carga de plátano en bestia que cargar un kilo de pasta base. Usted se carga 10 kilos en un morral y puede llevar entre 18 y 24 millones de pesos. Intente hacer eso con plátano o yuca”, dice Antonio antes de reír. Y por último, la pasta base es un producto exportable, de alta demanda internacional.
Ese negocio ‘redondo’ hizo que los campesinos abandonaran los cultivos de pancoger y la coca se convirtiera en la principal fuente de manutención de los pobladores. “Hace 30 años, San José sacaba semanalmente cuatro camionados de plátano, cuatro de maíz, dos de café y, hoy, no saca nada. Esas economías ilícitas desplazaron el nivel de producción. Con la coca, Caquetá se da el lujo de comprarle toda la verdura y la fruta al Huila y al Tolima”, asegura Antonio.
Jacinto es uno de los que abandonó por completo la agricultura por dedicarse a la coca. En su finca tiene algunas matas de plátano en medio de los cocales, pero no ve en los cultivos de pancoger una actividad rentable. “Es que los $25.000 que pagan trabajando todo el día en un cultivo, el raspachín se los puede hacer en unas horas, cogiendo apenas tres arrobas de hoja de coca. Hay gente a la que le rinde mucho, y se coge hasta siete u ocho, entonces se pueden hacer $80.000 en un día”.
Edusmildo Ríos habla siempre con tono de indignación. Es delgado y de gestos toscos. La de la implementación del PNIS es la tercera lucha que enfrenta como representante de los campesinos cocaleros exigiendo garantías al Estado. “Esta es una pelea de tigre contra burro amarrado, y nosotros somos los burros amarrados”, dice.
Los intentos de acabar la coca en el Caquetá, como en el resto del país, no han sido escasos. Pero casi siempre han tenido un efecto contrario. Y cuando han sido efectivos, los resultados no se mantienen en el tiempo. Tal vez por eso la disminución que se logró a nivel nacional entre las 163.290 hectáreas del año 2.000 y las 61.811 del 2010 -en mayor medida por las aspersiones aéreas con glifosato y la erradicación forzada- no tuvo dificultades para desmoronarse y volver a llegar a las 154.476 hectáreas en 2019.
Además, de acuerdo con María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) “las estrategias de erradicación forzada han fortalecido la desconfianza de los campesinos hacia el Estado y disminuido la legitimidad de este último en los territorios”.
La primera lucha que enfrentaron los cocaleros fragüenses fue la de agosto de 1996. Durante el Gobierno de Ernesto Samper, la necesidad de limpiar su imagen manchada ante la supuesta financiación del narcotráfico a su campaña presidencial y la presión de Estados Unidos por la guerra contra las drogas dieron paso a las operaciones Conquista y Comején en Guaviare, Vaupés, Putumayo y Caquetá.
Las armas principales eran las aspersiones aéreas con glifosato -un herbicida fuertemente cuestionado por sus efectos en la salud y calificado como “posiblemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y la militarización, una estrategia que entre finales de los años 70 y principios de la década de los 80 había sido aplicada, con otro herbicida llamado Paraquat, contra los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Pero, según Edusmildo, el glifosato afectaba más a los alimentos y a la vegetación que a las siembras ilegales. “Las ‘fumigas’ fueron indiscriminadas, porque acabaron con lo poco que quedaba de la agricultura, las pasturas para el ganado, los bosques nativos y las fuentes de agua. Pero a los cultivos de coca era muy poco lo que los perjudicaba”, dice.
Por eso, según el informe ‘Caquetá: rastreo de una barbarie silenciada’, del Cinep, entre julio y septiembre de 1996, la estrategia generó la movilización de casi 76.000 personas solo en ese departamento. Los campesinos pedían alternativas de negocio para pasar a la legalidad y un plazo de 10 años para erradicar paulatinamente los cultivos ilícitos. Y, aunque hubo negociaciones, “los acuerdos nunca se cumplieron”, cuenta Edusmildo.
Para el Gobierno, en cambio, parecía una estrategia efectiva. En sólo 49 días, dijo el entonces comandante de las Fuerzas Militares, almirante Holdan Delgado Villamil, se destruyeron 60 laboratorios de procesamiento, 10 pistas clandestinas, 1.600 hectáreas de hoja de coca y capturaron a 277 personas.
Pero las plantaciones ilegales incrementaron en vez de disminuir. Entre el año 1995 y el 2000, periodo en el que Colombia se convirtió en el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, el número de hectáreas aumentó de 50.000 a 137.000, según la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos.
En San José del Fragua, de acuerdo a Antonio, “la fumigación aérea hizo que los cocales migraran de la planicie a las zonas de cordillera escarpada, en donde era difícil que los aviones entraran porque se estrellaban”. Y quienes no se movían hacia la montaña, se desplazaban hacia los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, o donde hubiera bonanza cocalera.
Las tensiones nunca cesaron, pero pasaron casi 16 años antes de que los campesinos cocaleros se volvieran a manifestar masivamente contra el Estado.
El 19 de agosto del 2013, una suma de factores que incluían el TLC con EE.UU., la diferencia de precios entre los productos del agro local frente a los internacionales y la promoción de semillas extranjeras desató un paro agrario nacional. Las protestas, que también movilizaron a estudiantes, trabajadores y transportadores, cobraron fuerza con la famosa frase del entonces presidente Juan Manuel Santos: “Ese tal paro nacional agrario no existe”.
A las motivaciones generales de los manifestantes, en las regiones cocaleras se sumaba la oposición a la erradicación forzada que continuaba desarrollando la fuerza pública. Y que, además de no cesar con el paro ni con las negociaciones, se fortaleció con represión militar.
Pedro*, otro líder cocalero de la zona, dice que los soldados no solo arrancaban las matas de coca. “También cortaban racimos de plátano, arrancaban yucas, se apoderaban de los cultivos de piña de los campesinos. Por eso nosotros levantábamos nuestra voz de protesta en contra de esos abusos, porque esa es la cuchara que uno tiene para mantener a la familia”.
Edusmildo Ríos va más allá y asegura, incluso, que para controlar las protestas “el Ejército llegaba y disparaba ráfagas de ametralladora contra la gente”.
La discusión sobre la forma correcta y efectiva de erradicar la coca y acabar con el narcotráfico aún no termina.
Pese a la implementación del PNIS como una estrategia concertada de sustitución, la erradicación forzosa desarrollada principalmente por la fuerza pública no se ha detenido y el Gobierno Duque insiste en retomar las aspersiones aéreas con glifosato suspendidas en el año 2015 por Juan Manuel Santos tras la publicación del informe de Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS.
No muy lejos de San José del Fragua, en la Unión Peneya, una inspección de Montañita, Caquetá, un grupo de campesinos se enfrentaron en marzo del 2020 al Ejército para evitar que arrancaran sus matas de coca y denunciaron que los uniformados dispararon sus armas para intimidarlos. Un mes antes, en el vecino departamento de Putumayo, la comunidad retuvo a 21 policías y 16 erradicadores para evitar que arrancaran sus cultivos.
Además de las tensiones sociales, la efectividad de estas estrategias es problemática. La tasa de resiembra de los cultivos erradicados forzosamente se ha estimado entre el 40 y el 60 por ciento, frente al 0,2 por ciento del PNIS.
Sin embargo, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, asegura que entre la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria “no hay una dicotomía”.
“Nosotros entendemos que el gobierno necesita todos los elementos que pueda disponer para poder atacar el narcotráfico. Lo que tiene que ver con reducir las hectáreas explícitamente se trabaja con erradicación forzosa, donde es lo adecuado, y sustitución voluntaria, donde es lo adecuado”, asegura.
Y concluye: “La razón para seguir con la erradicación forzosa es que el narcotráfico es el peor cáncer que tiene el país y que nosotros entendemos que tenemos que usar todos los elementos que se tengan para combatir una actividad que es ilegal y tan perjudicial”.
En un terreno pelado y hueco, está William*, un joven de 17 años que arruga la frente mientras se esfuerza por direccionar el chorro de agua que sale a propulsión de una manguera conectada a una motobomba. Es el más moreno de los tres mineros que buscan oro en un terreno de unas dos hectáreas, a dos horas del caserío en el que vive Orlando.
Dicen que tienen frío, aunque es mediodía y la temperatura ronda los 30 grados. Están empapados. Y sus prendas, antes de distintos colores, ahora son del color del lodo. William es putumayense, y, aunque trabajó un tiempo raspando coca en su tierra, aprendió a manejar ‘el chorro’ -como le llaman a la manguera que deshace el barro en las minas- y decidió quedarse en la minería. “Es que la coca es más perseguida por el Gobierno, en cambio el oro no tanto y se ve la plata más rápido”, cuenta.
En una semana, dice, él y sus compañeros sacan un promedio de 50 gramos de oro. Con el gramo a 100.000 pesos, se trata, más o menos, de cinco millones semanales. Aunque, de eso, a él le pagan solo 40.000 pesos diarios, que al mes le dejan un salario de 1’200.000.
Pero con la minería, igual que con la coca, hay una amenaza constante: la judicialización. “El riesgo ahí es contra la ley. Hay que bregar a que el gobierno no se dé cuenta para que no le quemen los motores a uno. Y eso que en esta región no utilizamos químicos ni maquinaria, solo motores y gasolina”, explica otro minero.
Para Rodolfo, un exminero que resultó metido en la política del pueblo, los campesinos buscan alternativas como la minería porque “al caer la coca el desempleo sube y con la coca la gente se había acostumbrado a ganar bien”.
Según explica, “un jornal de un raspachín puede estar alrededor de los 40.000 pesos o más si le rinde raspar. Pero un jornalero de cualquier otro cultivo gana 20.000 o 30.000”.
Paradójicamente, para Saúl, que antes vivía solo de raspar coca, la sustitución de cultivos ilícitos le ha resultado más rentable. “Antes, yo me podía hacer 2 millones de pesos raspando, pero de eso no me quedaba nada porque todo me lo bebía. Ahorita que el trabajo está escaso y me toca vivir con los 25.000 del jornal, ando con más plata, porque ya no tomo”.
Una noche de fin de semana en Yurayaco, uno de los corregimientos más poblados de San José del Fragua, es suficiente para ver a varios antiguos ‘saúles’. Allí, aunque aún no llega la señal de celular, sí llegaron cantinas, bares y prostíbulos.
Antonio ve otra posible alternativa. Esta sí, legal. Se trata del píldoro, bananito o bocadillo. En 2016, hizo parte de la creación de la Asociación de Productores y Comercializadores de Bananito de San José del Fragua (Asobasan), que está conformada por 65 familias, con una producción semanal de 15 a 20 toneladas de la fruta.
Para él, el bananito puede llegar a cumplir con la mayoría de condiciones que convirtieron a la hoja de coca en el modelo de desarrollo rural. “Tiene la adaptación de clima y suelo, que es lo básico. Necesitamos darle un valor agregado y poderlo exportar”.
Y considera que no es imposible. “El banano es la fruta número uno en ventas a nivel mundial, y el bananito la está desplazando porque los productores de banano, en su carrera de producir un fruto cada vez más grande, han caído en el error de producir uno cada vez más insípido. En cambio, el bananito es muy dulce”, explica.
María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, está de acuerdo en que no se debe pensar solo en el proyecto productivo, sino que “hay que enfocarse en la cadena de valor”. “Hay que pensar en el plan de negocios, en la comercialización, en quiénes van a ser los compradores. No solo se debe solucionar el problema al nivel de finca”, asegura.
Pero ese no es el único aspecto a tener en cuenta. Vélez considera que no se puede establecer fórmulas. “Las soluciones deben ser heterogéneas y deben responder a las características locales de cada región”, señala.
Eso podría incluir alternativas de legalización de la actividad minera en las regiones donde es posible desarrollarla de manera sostenible, considerar los usos alternativos de la coca y pensar en los enfoques diferenciales en el rol de la mujer o de las comunidades indígenas.
En lo que sí coinciden todos, quienes lo han vivido y quienes lo han estudiado, es en que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito no puede ser centralizada ni generalizada, y debe tener en cuenta las necesidades reales de los cultivadores. Pero, sobre todo, están de acuerdo en que el problema de las drogas no radica únicamente en ellos, pues son uno de los eslabones más débiles de una inmensa cadena que genera rentas incalculables.
Por ahora, habrá que esperar. Y mientras algo pasa, Jacinto, Pablo, Carmenza, Efraín, Martha, Saúl y muchos más, continúan con la incertidumbre de que el Gobierno les cumpla. Tal vez primero mueran las gallinas que le quedan a Martha.Tal vez antes Jacinto logre echarle piso y pañete a su casa de bloque. Tal vez Saúl vuelva primero a gastarse su plata en licor. Tal vez muchos le sigan el paso a Orlando y vuelvan a cultivar.
Al final, en este pueblo enterrado en el piedemonte amazónico, se resisten a acostumbrarse a que todo sea incierto y las promesas no se cumplan.
* Los nombres fueron modificados por solicitud expresa de las fuentes para proteger su seguridad.
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