No es un día de trabajo para Orlando*, pero tiene sus botas pantaneras puestas. Tiene la cara quemada y las manos gruesas. Él es uno de los que arrancó la coca, convencido de que sin esta se iba a evitar más violencia en el territorio.
Está sentado sobre una silla plástica en el patio de su casa, en un corregimiento cuyo nombre prefiere no mencionar. Por miedo.
Está ubicado a ocho kilómetros del caserío de Jacinto y a mitad de ese camino encontraron un carro incinerado y dos cuerpos sin vida en enero de 2020.
No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron. Pero en el pueblo hay rumores: “Dicen que son guerrilleros del ELN, porque, además de los dos asesinatos de enero de 2020, en ese año llegaron muchos volantes con su encabezado, amenazando a los presidentes de las juntas”, cuenta un habitante de la comunidad.
Al parecer, la tensión disminuyó durante la pandemia del coronavirus, pero a unas dos horas del caserío Orlando los pobladores cuentan que se oye mucho movimiento por el río en las noches. “Deben son los narcos que llegaron hace año y medio”, dice una mujer, quien comenta que durante el inicio de 2021 se han escuchado rumores de que van a volver a cobrar vacunas.
Y no son los primeros. Tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, los fragüenses vivieron un periodo de casi tres años que Orlando y el cura del pueblo definieron con la misma palabra: tranquilidad. Pero a principios de julio del 2019 un grupo de hombres llegó al caserío de Jacinto y acabó con eso.
Armados, movilizándose en motocicletas y diciendo que formaban parte del Cartel de Sinaloa —el temido grupo de narcotraficantes mexicanos, cuya presencia también se ha detectado en el vecino departamento del Cauca y en Antioquia— obligaron a los habitantes a recoger la basura de las calles, como en su tiempo lo hicieron los paramilitares.
Para la época, un militar que vigilaba un puente a unos cinco kilómetros del corregimiento de Jacinto, por la carretera Marginal de la Selva, dijo que tenían claro quiénes eran los hombres armados, “pero no se puede hacer nada. No se les ha comprobado nada”. Y añadió que ni siquiera patrullaba la vía por el riesgo de ese grupo, sino para garantizarles seguridad a las tractomulas de una petrolera cercana.
La presencia del Ejército no pareció intimidar a los grupos. Y con los últimos hechos, el pueblo de casas de madera pintadas de color volvió a recordar las dinámicas de control armado que se habían extinguido hacía casi tres años.
Orlando solo ha recibido dos de los seis pagos que prometía el PNIS. Tuvo que aguardar siete meses entre un desembolso y otro, pero en la espera le ganó la desconfianza y volvió a cultivar la mata.
“Nos clavaron el puñal”, dice mientras se acomoda en su silla de plástico. Toma una posición más recta y frunce el ceño: “El gobierno nos está obligando a sembrar otra vez. Les cumplimos con la erradicación, pero no nos han dado casi nada de lo que prometieron, ¿así quién no se va a desmoralizar?”.
Según las cuentas de Orlando, en un pedazo de tierra de dos hectáreas, algo así como el tamaño de dos canchas de fútbol, se pueden recoger aproximadamente 200 arrobas de hoja de coca para procesar. Con esa cantidad de hoja se producen al menos cinco kilos de pasta base, que se pueden vender por 12 millones de pesos, de los cuales, unos cuatro se invierten en insumos y trabajadores.
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Es un negocio de ocho millones de pesos libres cada dos meses. Y aunque se niega a hacer la cuenta de lo que dejó de recibir durante el tiempo que paró la producción por vincularse al programa de sustitución, seguramente ya lo tiene claro.
Por eso, uno de los mayores riesgos del incumplimiento del Gobierno es la resiembra, que parece un secreto a voces entre los campesinos. Pocos se atreven a aceptarlo por temor a la judicialización que esto les puede acarrear.
Y aunque, según las datos oficiales, sólo el 0,2 por ciento de los vinculados al PNIS volvieron a cultivar, los retrasos en la implementación del programa incrementan el riesgo de que esa cifra se dispare.
“La verdad la gente está volviendo a sembrar porque nos tienen acorralados: por un lado el Gobierno, y, por el otro, los grupos armados, que cada día cogen más fuerza. Los campesinos seguimos siendo carne de cañón esperando la respuesta de un gobierno que nos deja solos”, dice una habitante del pueblo.
San José del Fragua es el primer productor de coca del Caquetá. Las 1.410 hectáreas detectadas por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU (Simci) en 2019 podrían representar, si los cultivos tuvieran un comportamiento similar al del terreno de Orlando, unos 3.525 kilos de pasta base: más de 5.600 millones de pesos cada dos meses. Por supuesto, todo, dentro de un mercado ilegal.
Esa cantidad de dinero, que queda en manos de los pequeños productores, parece contradictoria con la cifra de pobreza multidimensional en áreas rurales del DANE, que en San José del Fragua es del 57.6 por ciento. Esta medida no tiene en cuenta los ingresos económicos, sino la cantidad de hogares sin oportunidades para acceder a educación, trabajo, salud, y servicios públicos.
Jacinto, como muchos otros, le echa la culpa a una ‘maldición’ que lleva consigo la coca: puede atraer mucha plata, pero el progreso se ve poco.
Pero también es maldita porque, sumada a la debilidad estatal en el pueblo, atrae a quienes nadie quiere ver, como los armados que ya regresaron y no parecen querer irse pronto. Y, con ellos, retornó el temor.
La coca y las rutas del narcotráfico fueron el centro del conflicto entre los paramilitares y las guerrillas en el sur del Caquetá.
Hacia 1980 llegó el M-19; luego, en los 90, el Frente 49 de las Farc. Después, en 1997, se conformó el Frente Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que, tras los múltiples golpes que recibió por parte de las Farc en la pelea por el control del narcotráfico, tuvo que reformarse en el 2001 como el Frente Sur de los Andaquíes, una rama del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaba principalmente en el suroriente caqueteño. Tras su salida, en el 2006, la guerrilla retomó el manejo del territorio.
Y en la mitad de la confrontación quedaron los habitantes de San José.
Hervi Abello lo recuerda bien. Durante su trabajo como personero del pueblo, entre 2012 y 2018, escuchó una y otra vez la historia de la masacre en el corregimiento de Puerto Nuevo Zabaleta, que dejó a ocho hombres y una mujer muertos en 1999, a manos del entonces Frente Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Tuvo que recibir también los reclamos de personas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Algunos, pensaba, posiblemente habrían quedado en la quebrada La Oruga. “Entre 2000 y 2004, tenían que ir permanentemente a recoger cuerpos para que no se descompusieran. La Fiscalía no hacía investigaciones, porque acá reinaba el miedo”, recuerda Abello.
Pero no solo hay hechos a los que se les puede asignar una fecha y un lugar. El temor llegó a determinar, incluso, los zapatos que debían utilizar.
“Es que si usted salía en botas plásticas del campo para acá, para el casco urbano, aquí era guerrillero. Lo mataban. Y si se iba en zapatos de aquí pa’ allá, y no iba en botas de pantano, era paraco. Y lo mataban”, dice Cristian Chacón, exconcejal del pueblo, a quien el conflicto le quitó a su padre en el mismo año de la masacre de Puerto Nuevo Zabaleta, pero a manos de las Farc.
La guerra convirtió a San José del Fragua en el municipio de Caquetá con mayor número de secuestros (340) y delitos contra la libertad y la integridad sexual (220). Según el Registro Único de Víctimas, estas cifras son mayores, incluso, a las de San Vicente del Caguán, el pueblo que cobró fama por el acuerdo fallido entre el expresidente Andrés Pastrana y las Farc entre 1999 y 2002.
Si uno traza una gráfica, el año de 1996 marca el punto en el que el número de víctimas dejó de ser una línea recta horizontal para convertirse en una diagonal hacia arriba. Las víctimas pasaron de 41 en 1995 a 164 en 1996, y luego a 285 en 1998, 607 en 1999 y 1.265 en el 2001; hasta que alcanzó su pico máximo en el 2002, cuando superó las 2.800 personas registradas.
Tal vez por eso, pese al beneficio económico, los cultivadores dudan antes de volver a sembrar coca. Esa mata ‘maldita’ es un imán para los grupos armados, y estos, una señal de violencia. Lo es más en un municipio como San José del Fragua, que tiene conexión terrestre y fluvial con los departamentos de Cauca y Putumayo, aprovechadas por los armados como rutas estratégicas hacia el puerto de Buenaventura y la frontera colombo ecuatoriana.
Lo que más preocupa es que los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa siguen circulando en el municipio, más que todo en la noche y por el río, y principalmente en los corregimientos que limitan con Piamonte, Cauca. Andan de civil, con armas cortas, comprando pasta base de coca, pero no se dice nada más. “Al menos no han hecho nada todavía”, dice Jacinto, con el temor de que algo pase.
Y no es superstición. San José se encuentra en el rango más alto del Índice de Riesgo de Victimización (IRV), una herramienta de la Unidad para las Víctimas que calcula las posibilidades de un municipio de caer en las dinámicas del conflicto. En la lista de los 63 pueblos con mayor riesgo, San José del Fragua aparece junto a otros mucho más nombrados como Caloto y Corinto (Cauca), Mapiripán (Meta), y El Tarra, Hacarí y Tibú, en el Catatumbo (Norte de Santander).
Por poseer esa mezcla mortal de cultivos de uso ilícito, grupos armados, pobreza y debilidad institucional, además del rango alto del IRV, estos pueblos coinciden en la lista de los 170 municipios priorizados por el Acuerdo de Paz para desarrollar los llamados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En resumen, unos planes de desarrollo como los que crea el presidente para el país o el alcalde para la ciudad, pero construidos por las comunidades. Y no para un periodo de cuatro años, sino de 15 (10 de implementación y cinco de seguimiento).
Los PDET pretendían solucionar los problemas históricos del campo colombiano desde la raíz. Por eso, los proyectos van desde la reparación de una vía dañada hasta la gestión de una jornada de vacunación o la planeación de un sistema educativo integral.
Pero, como el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, los PDET, por el momento, parecen no ser efectivos. “La planeación fue muy bonita, pero de lo que quedó escrito, poco se ha visto. Apenas una placa huella empezó a construirse hace poco hacia las veredas de Alto Fragua y Costa Rica”, dice el exconcejal Chacón, quien hizo parte de las reuniones de planeación participativa.
De acuerdo con el coordinador del área de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Diego Restrepo, la falta de éxito de estrategias como el PNIS y los PDET, implica que fracase “la posibilidad de articular el campo colombiano a una economía formal, que pueda dinamizar y contribuir al desarrollo territorial de estos lugares”.
Para Restrepo, “cosas que parecen simples para los habitantes de las ciudades como el acceso a vías y servicios públicos, son claves en esa implementación del acuerdo en las zonas rurales. Pero con la falta de voluntad del gobierno actual, vemos un escenario muy difícil para que este programa tenga éxito. Lo que hay más bien es una perspectiva política por el mantenimiento de esas brechas de desigualdad que hay en Colombia”.
Al menos en San José del Fragua, tras casi cuatro años de la firma del Acuerdo, los grupos armados, la pobreza y la ilegalidad no cesan. En cambio, poco a poco, vuelven a incrementar.
* Los nombres fueron modificados por solicitud expresa de las fuentes para proteger su seguridad.
Aunque han sido varios los intentos por acabar con la coca, casi siempre derivan en un efecto contrario. En municipios como San José, el riesgo latente es salir del cultivo para entrar a otra actividad ilegal: la explotación de oro.
Acabar con las siembras ilícitas implica enfrentarse a la mafia y los actores armados, pero también ganarse la confianza de los cultivadores. ¿Cómo avanza el PNIS en medio de esos retos?